Los menores infractores de Mairena del Alcor podrán cumplir las medidas no privativas de libertad que les impongan los jueces en su propio municipio gracias a la colaboración entre la Delegación Territorial de Justicia y el Ayuntamiento para que realicen prestaciones en beneficio de la comunidad y tareas socioeducativas en servicios municipales.

El delegado de Justicia, Administración Local y Función Pública, Javier Millán, y el alcalde, Juan Manuel López, han suscrito hoy un convenio para facilitar la ejecución de este tipo de medidas a los menores infractores del municipio. “Se evita así que tengan que desplazarse para cumplirlas, pero también se fomenta su mayor concienciación al restituir el daño causado en su entorno más cercano”, ha destacado Millán. Actualmente hay cinco menores de Mairena del Alcor con medidas judiciales de medio abierto.

Por su parte, el alcalde de Mairena del Alcor, Juanma López, ha explicado que se ha firmado un convenio de colaboración para llevar a cabo medidas correctoras sobre esos menores infractores e infractoras y que así puedan reinsertarse en la sociedad. “Es un paso muy importante el que damos desde las administraciones para intentar recuperar a esas personas que por cualquier circunstancia ha cometido una infracción. Hay que tener en cuenta que todas las administraciones tenemos que trabajar por y para su recuperación”.

La Consejería de Justicia tiene entre sus competencias garantizar los medios necesarios para la ejecución de las medidas impuestas por los jueces de Menores, tanto de internamiento como de medio abierto. La Ley del Menor ofrece la posibilidad de firmar convenios con entidades públicas y privadas sin ánimo de lucro para el desarrollo y cumplimiento de estas medidas.

Entre las medidas de medio abierto que pueden fijar los jueces están la realización de prestaciones en beneficio de la comunidad o las tareas socioeducativas, que persiguen la reeducación de los jóvenes en situación de conflicto mediante actuaciones reparadoras a la sociedad.

El delegado ha explicado que la colaboración con los ayuntamientos resulta especialmente eficaz en el caso de delitos contra el patrimonio ya que permite a los menores infractores contribuir a la limpieza municipal, el mantenimiento de parques y jardines y actuaciones de conservación de instalaciones públicas y mobiliario urbano.

Además, una de las medidas de medio abierto que más imponen los jueces de menores es la libertad vigilada para la que también es necesaria la coordinación con los gobiernos municipales ya que los agentes de la Policía Local se encargan de controlar su cumplimiento.

Millán ha puesto en valor el compromiso de la Consejería con el sistema de Justicia Juvenil que es “un referente a nivel nacional e internacional” con un alto porcentaje de éxito en términos de no reincidencia de estos jóvenes que “en un momento determinada por distintas circunstancias se ven en una situación de conflicto y que en los centros y servicios donde cumplen las medidas acordadas por los jueces se trabaja con ellos para para reconducirlos y reinsertarlos a la sociedad, ya que tienen mucho que aportar”.

Prueba de ese compromiso es que el presupuesto de la Consejería para este sistema se ha incrementado casi un 10% desde 2018 y contempla una partida de 80,1 millones para los centros y servicios donde los menores ejecutan las medidas judiciales. Además se está trabajando en crear un Observatorio andaluz de la Justicia Juvenil para recopilar datos cuantitativas y cualitativos que permitan analizar los factores de riesgo y evaluar los resultados que obtienen los profesionales que trabajan con los menores infractores con el fin de mejorar las políticas de prevención e intervención.